La cultura de la soberanía energética

Publicado el 21 de noviembre de 2013 en la Revista GALDE

El profundo e intenso cuestionamiento actual sobre la legitimidad del contrato social, y de las instituciones que de él derivan, y sobre cómo se deben satisfacer las necesidades de las personas, también ha llegado al mundo de la energía. Parecía éste un ámbito vedado a la crítica social no minoritaria debido a la rigidez, el control del poder y la complejidad que la rodean. Sin embargo, en los últimos tiempos se han ido dando una serie de acontecimientos que han posibilitado que las fronteras que separan los territorios susceptibles de crítica de los que no, hayan ido desapareciendo.

Se puede detectar que el reciente cuestionamiento energético tiene puntos en común con el resto de movimientos sociales que realizan una crítica radical al sistema. Como parte de dicha cultura, el recién nacido movimiento por la soberanía energética…

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y 6.- energía con “e”

Para terminar de contextualizar, se hace necesario repasar algunas ideas que se han ido diluyendo en las sociedades occidentales con el paso de las últimas décadas. Así lo hace The Corner House en una de sus últimas publicaciones [1], donde plantea la diferencia, y en muchos casos la oposición, entre la “Energía” (con mayúscula) y las “energías” (en minúscula). La “Energía” es una cosa abstracta, valorada según su precio,  monolítica y aparentemente ilimitada que se apoya en la productividad de las máquinas, redes e instituciones alimentadas con los combustibles fósiles. Para esta “Energía”, en oposición a las “energías”, la supervivencia es incidental, excepto cuando es necesaria para la producción. Cuanta más “Energía” haya, más puede ser producida y, por lo tanto, puede crear más dinero y más negocios. La “Energía” es un objeto abstracto, que siguiendo la lógica del dinero, se puede utilizar para especular si con ello se consiguen beneficios.

Desde otra lógica, las “energías” con minúsculas son múltiples e inconmensurables, y cada una está asociada a un propósito de supervivencia particular. De hecho, es parte de esa lógica que no tengan un solo nombre. El calor que se genera al quemar biomasa se usa para cocinar, lavar, mantener la temperatura en los días fríos y preparar la tierra para sembrar. La luz del sol hace crecer los cultivos. La energía mecánica de los músculos de los animales (o motores) se utiliza para transportarse en el campo. La cantidad de cada “energía” utilizada se ajusta a cada tarea. En realidad, la gente no quiere energía o kilovatios·hora; quiere “duchas calientes, cerveza fría y habitaciones iluminadas”[2]. Para la mayoría de personas, el propósito de la energía es cumplir las diferentes necesidades que se tienen, y no ser adquirida como un fin en sí mismo.

Sin embargo, para que las “energías” múltiples no se conviertan en un obstáculo para la movilización de los valores económicos, han de incluirse dentro de la “Energía” abstracta bajo la tutela de reglas e instituciones específicas. Cuando la prioridad es el crecimiento cuantitativo, la “Energía” (y el aparato creado a su alrededor) tiende a tratar el derecho a tener un hogar con una temperatura agradable, alimentos cocinados e iluminación, como un estorbo. Bajo esta perspectiva, se puede observar que la lógica de la “Energía” no sólo empuja a la inequidad sino que no respeta el derecho común a la subsistencia.

Esta realidad, común para la mayor parte de la población mundial, se va extendiendo y se nos acerca. La reforma del sector eléctrico supone un intento de la “Energía” por mantener su lógica de crecimiento económico, a pesar de las restricciones físicas y sociales. Durante los últimos años, el miedo a no cumplir con la lógica del crecimiento de la “Energía” ha conducido a una serie de cambios legislativos que pretende culminar con la presente reforma. En este caso, mediante el miedo se pretenden convertir las “energías” necesarias para la subsistencia en “Energía” para negociar. Y en este punto es donde UNESA se encuentra con un nuevo obstáculo: el tercer cimiento (y puede que el mayor) del miedo que conduce sus decisiones. Tras el obstáculo de las renovables y la parada del crecimiento de la demanda de electricidad, se encuentra la voluntad de la poblacion de profundizar en la práctica de la democracia.

La voluntad ha permitido superar los antiguos obstáculos tecnológicos. Las energías renovables y el avance en la gestión de las redes de transporte de electricidad están disponibles para satisfacer las necesidades de las personas. La voluntad de conectarse con aquellas otras personas que se encuentran en una situación similar a la nuestra, o que tienen los mismos intereses, nos acerca, nos ayuda a compartir información de todo tipo, y al estar más conectados, nos termina por hacer mejores seres sociales que cooperan por un bien común. Pero la voluntad, junto con la creatividad, también consigue que la cooperación entre los proveedores de servicios energéticos y sus consumidores dé lugar a nuevas soluciones mediante la co-creación y la co-producción. Las “energías” (en minúsculas) diversas y particulares en búsqueda de la supervivencia diaria se alimentan de las voluntades, del talento y de las “energías” personales que no se resignan a no poder decidir, que desean ser impermeables al miedo impuesto, que aspiran a ser soberanas.

La realidad hoy es ya otra porque la voluntad ha movilizado y ha puesto en común intereses, información, saberes y herramientas. Porque la empatía ha movilizado la confianza mutua y ha extendido redes adaptadas a las peculiaridades de cada lugar sin perder la perspectiva global. Y porque los resquicios por los que podría introducirse el miedo van desapareciendo a la misma velocidad con la que crecen las personas que se han convertido en actores energéticos.


[1] “Seguridad Energética ¿Para Quién y Para Qué?”, 2013.

[2] Amory B. Lovins, “The Negawatt Revolution” Across the Board, Vol. XXVII, No. 9, September 1990, pp.18-23. p.21. http://www.rmi.org/Knowledge-Center/Library/E90-20_NegawattRevolution

5.- UNA REFORMA DE MIEDO

Cuando es el miedo el que conduce la toma de decisiones, la percepción de la realidad se distorsiona. Se le concede importancia a cuestiones anecdóticas y cobra mayor relevancia lo más inmediato, aunque no la tenga realmente.

La presente reforma del sector eléctrico se mueve peligrosamente manejada por el miedo: se le ha concedido demasiada importancia a cuestiones secundarias y las decisiones tomadas conducen a un aumento de la problemática energética. Así, se evita una vez más conocer los costes reales de generación de electricidad mediante una auditoría; se impide activamente a la ciudadanía poder generar su propia electricidad bajo amenaza de grandes sanciones; no se aborda el grave problema de la pobreza energética, sino que se intensifica al elevar los precios y desincentivar la reducción del consumo eléctrico; se alarga el periodo en el que el sector eléctrico siga dependiendo peligrosamente de combustibles fósiles y nuclear procedente del exterior, con el creciente riesgo de grandes inestabilidades.

Desde un enfoque ciertamente cínico se podría argumentar que: en una época como la actual, de carencias y escasez pero también de excedentes, con el miedo como uno de los más importantes, no parece el ejercicio de mayor generosidad el hecho de que quienes ostentan el poder pretendan repartir ese miedo, que les va creciendo, entre la población. Mientras no cambien las reglas, vivimos en un mundo cuya economía hegemónica (el capitalismo) obliga a quienes tienen excedentes a venderlos a muy bajo precio o a deshacerse directamente de ellos, perdiendo grandes sumas de dinero en la operación. Si esto fuese así, los poseedores del poder se quedarían con su miedo creciente, o lo colocarían en la población en muy pequeñas cantidades. Por tanto, como de momento las reglas no han cambiado, habría que ser consecuentes y permitir que se quedasen con su miedo.

4.- ASENTADA EN ARENAS MOVEDIZAS

Volviendo a los contenidos de la reforma del sector eléctrico, tampoco se puede afirmar que ésta sea una apuesta segura para mantener el nivel de ingresos, beneficios y estatus de las grandes empresas eléctricas. En un escenario como el actual del Estado español, donde la pobreza energética se ha convertido en una triste realidad[1], no está garantizado un nivel de consumo (e ingresos) que asegure dichas ganancias a las empresas del oligopolio de UNESA. Por mucho que se suba la factura de la electricidad y se impidan las estrategias de ahorro doméstico, si cada vez existe una mayor bolsa de población que no puede afrontar el pago porque no cuenta con ingresos (y sus ahorros se han ido consumiendo), la cantidad de dinero a ingresar por las empresas se resentirá. Sobra decir que este no es el objetivo de la reforma, más bien al contrario. Sin embargo, sirve para alertar de potenciales novedades, errores de cálculo y crueldades manifiestas.

Ha quedado demostrado la urgencia existente por deshacerse del miedo a caer por encima de otras consideraciones estratégicas y económicas. Tanta urgencia que las decisiones tomadas hipotecan a tener un modelo importador de hidrocarburos y uranio que no sólo tiene graves consecuencias ambientales y sociales, sino que económicamente es una ruina y está anticuado: no tiene futuro. Elimina la posibilidad de construir una sociedad resiliente, capaz de resistir a cambios bruscos e inesperados. Encadena a la sociedad a las decisiones de terceros actores que, ya en un pasado menos turbulento que el presente y el futuro que se vislumbra, no han tenido contemplaciones para conseguir posiciones de ventaja a costa de las necesidades de la población[2]. La decisión de la reforma eléctrica no se asienta sobre fundamentos geopolíticos sólidos. Bien al contrario, depender más de un exterior poco confiable en un escenario conflictivo (ceder soberanía, al fin y al cabo) carece de sentido.

En otras palabras, resulta que la reforma eléctrica puede que no sea rentable económicamente a UNESA a medio plazo debido a la tasa creciente de pobreza energética, y estratégicamente coloca en una situación delicada al país a medio-largo plazo, lo cual repercutiría negativamente en las empresas eléctricas. Visto así, esta reforma no parece un buen negocio para UNESA. A medio-largo plazo, no. Pero a corto plazo, esperan que sí. Lo cual demuestra una vez más que es el miedo el detonante principal de dicha agresión a la ciudadanía.


[1] Según se destaca en el informe Pobreza energética en España 2012, elaborado por la Asociación de Ciencias Ambientales, la cantidad de hogares en situación de dificultad severa para pagar el recibo de la electricidad o del gas para garantizar unas condiciones de habitabilidad adecuadas, especialmente en materia de calefacción, podrían rondar ya el 15% en 2012. Asimismo, según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, algunas estimaciones apuntan a que la pobreza energética podría ser causa de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en España cada año, con especial incidencia entre ancianos durante el invierno.

[2] El listado de estos abusos es casi tan extenso como los libros de historia de los siglos XX y XXI. La guerra entre Irán e Irak, la operación Tormenta del Desierto y la invasión de Irak por parte de EE.UU., la estrategia de Rusia con su gas, etc.

3.- EL USO DEL MIEDO

Al mismo tiempo que se produce una transferencia de ingresos desde las energías renovables y los bolsillos de la ciudadanía, por la vía de la modificación de la tarifa (el ya mencionado aumento del término fijo de la misma en detrimento de las estrategias de ahorro y eficiencia energética), hacia las arcas de las grandes empresas eléctricas, se pretende transferir el miedo desde estas últimas hacia el sector de las energías renovables y la ciudadanía. No un miedo cualquiera, sino el que deja sin capacidad de respuesta, el que paraliza. Se trataría de esta manera de un intercambio perverso.

En su libro, La doctrina del shock, Naomi Klein sostiene que según investigaciones psicológicas estadounidenses posteriores a la segunda guerra mundial[1], en un momento de máxima tensión o parálisis en el cual el sujeto está abierto a la sugestión, éste está mucho más dispuesto a obedecer cualquier orden que antes de sufrir el shock. En él se relata una serie de momentos históricos en los cuales un estado de shock social, más o menos inducido, condujo a profundas reformas muy poco contestadas por las sociedades que las sufrieron[2].

En esta reforma eléctrica encontramos indicios de un proceso que podría conducir a un estado de shock o parálisis social similar al expuesto por Klein. Empezando por las cuestiones de forma que dificultan la difusión y el debate público de un asunto de gran importancia, y que desgraciadamente ya se han convertido en habituales: la época del año en la que se presenta (verano); la complejidad creciente del funcionamiento del sector y de la legislación que lo regula; el elevado número de documentos normativos presentados (catorce); la difícil comprensión de algunos de ellos; el amparo en la mayoría absoluta; la inexistencia de un proceso de consultas previas con los interesados para evitar la participación pública. Y continuando por el conjunto de consecuencias para las personas que utilizan la electricidad: aumento de la tarifa que deben pagar; grandes dificultades para reducir la cantidad a pagar mediante medidas de ahorro; imposibilidad de autoproducir la electricidad; grandes dificultades para desentenderse de las empresa de UNESA y de lo que representan (centralización, contaminación, atropellos); ineficiencia energética y social; hipotecar el futuro.

La parálisis social y el estado de shock se retroalimentan. Así, ante agresión a los derechos de la ciudadanía[3], la respuesta de ésta debería ser, al menos, de igual amplitud, complejidad y dimensión. En los caso en los que esta condición no se cumple, las consecuencias de las medidas llevadas a cabo por el poder son de tal calado que conducen al shock. Resultaría demasiado ingenuo pensar que no existe una intencionalidad detrás de la actual reforma eléctrica. Más aún si ampliamos el foco de análisis y nos fijamos en las reformas en educación, sanidad, justicia, etc. Se evidencia la intencionalidad tanto por el patrón que tienen como por el efecto conjunto persiguen: primero la parálisis y después el shock para imponer un modelo social con un marcado signo político, que en lo económico pretende ampliar los límites del mercado capitalista a la vez que beneficia a las grandes empresas, y en lo social reducir el ámbito de los derechos ciudadanos para volver a un modelo tradicional conservador.


[1] Estos conocimientos también se han utilizado en la práctica de la tortura.

[2] Casos tan ilustrativos como el golpe de estado de Pinochet en Chile, las políticas de Thatcher en el Reino Unido, Polonia y Rusia tras la caída del muro, la invasión estadounidense de Irak, son solo algunos de los que trata el libro.

[3] Entre ellos  se encuentra el acceso a la energía para poder tener una vida digna.

2.- EL PAPEL DE UNESA

Con este panorama, la reforma eléctrica supone un paso conservador en el ámbito económico porque pretende mantener el estatus de las empresas dominadoras del sector. Pero también es conservador en lo político, porque optando por las grandes empresas frente a la ciudadanía se pretende asegurar la estabilidad, la no agresión de un sector económico tan influyente como el representado por UNESA. Un paso más, sí, aunque no la meta final, que en realidad es la búsqueda de un nuevo escenario en el que puedan desembarazarse de los condicionantes que en estos momentos les atenazan: la variación de la demanda y la fijación de las retribuciones a la generación eléctrica. La amenaza de estos condicionantes es significativa y un gran motivador en dicho camino en pos de un escenario más favorable a sus intereses. No en vano las agencias de calificación crediticia están rebajando la nota de las empresas de UNESA debido a que “los mercados se caracterizan por caídas de la demanda superiores a las previstas, sobrecapacidad y un bajo factor de uso de las centrales térmicas inferior”[1]. La demanda no la pueden elevar a su antojo, pero las reglas del juego, ha quedado demostrado en múltiples ocasiones, sí.

Una de las claves de la gran influencia que tienen las empresas de UNESA en el poder político nos recuerda de nuevo la crisis financiera. En los primeros meses, cuando se empezaba a conocer el origen y la magnitud del dislate, surgió con fuerza la teoría del “demasiado grandes para dejarlos caer”, que sostiene que ciertas instituciones financieras son tan grandes y están tan interconectadas que su fracaso sería desastroso para la economía, y por lo tanto deben ser apoyadas por los gobiernos cuando se enfrentan a dificultades. Las empresas de UNESA se autoperciben como demasiado importantes como para pasar por dificultades y consideran que deben ser apoyadas y ayudadas por los gobiernos de turno.

Otro de los motivos de dicha influencia lo encontramos en los nombres que forman la nómina de los consejos de administración y demás personal vinculado a las empresas de UNESA y los nombres que forman o han formado parte de los gobiernos o partidos en los gobiernos. Gracias a la extensa lista de nombres que coinciden en ambos, UNESA consigue que las decisiones políticas no vayan en contra de sus intereses. Este fenómeno, que se ha dado en llamar de las “puertas giratorias”, ha sido denunciado públicamente de manera muy intensa en los últimos meses.[2]

Mientras que la bandera del “demasiado grandes para caer” puede ser agitada públicamente para conseguir la complicidad de la sociedad, la de las “puertas giratorias” ha sido tratada con bastante más pudor hasta el momento. De hecho, es en el ámbito público en el que se busca la legitimidad de las medidas de la reforma, con la excusa del déficit de tarifa. Para ello se utiliza el titular de la “medida dolorosa pero necesaria” dentro del cuento del “médico y la enfermedad grave”. Y detrás de todo ello, en el papel de motor del cambio, nos encontramos con la utilización del miedo de una manera a la vez novedosa y perversa.


[1] S&P rebaja el ‘rating’ de Endesa por el debilitamiento de la economía. 11/07/2013

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/07/11/economia/1373563368.html

[2] La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentó el 4 de junio de 2013 una petición ante la Fiscalía Anticorrupción para que determinase si los vínculos entre políticos y grandes empresas eléctricas han derivado en tráfico de influencias y/ prevaricación.

1.- EL SISTEMA ELÉCTRICO: UNA LÓGICA PROPIA

Entonces, si no es una lógica tecnológica la que lo rige, la pregunta de fondo es: ¿qué lógica sigue el sistema energético y, concretamente, esta reforma eléctrica?

Atendiendo al análisis que se hace en el preámbulo del RDL 9/2013, y en la mayor parte de normas relativas al sector que se han venido publicando en los últimos 3 años al menos, es el déficit de la tarifa eléctrica el principal motivo por el cual se realizan los cambios legislativos. Esta diferencia entre los ingresos del sistema eléctrico y los costes reconocidos, que alcanzó la cifra de 26.062,51 millones de euros a 10 de mayo de 2013, es el punto de apoyo que sirve para movilizar todo un sector estratégico como es el de la electricidad.

Llama la atención, sin embargo, que a pesar de que eliminar el déficit de tarifa sea el objetivo principal de la reforma, ni siquiera el de este año 2013 se vaya a conseguir equilibrar. Así, los 900 millones del presupuesto para el pago de las compensaciones de los sistemas extrapeninsulares, los 850 por la recaudación adicional a través de la tarifa, los 750 por el recorte a las energías renovables, el recorte de 500 millones de euros en los pagos por transporte y distribución y los 300 que provienen de la reducción de los pagos por capacidad, únicamente suman 3.300 millones de euros, de los 4.500 millones de euros de déficit. Es decir, 1.200 menos de los necesarios para eliminarlo[1].

Pero continuemos, debido a la reducción del déficit se produce un efecto similar al del pago de la deuda del sistema bancario español, como apunta Javier García Breva en el análisis político que hace de la reforma[2]. La reducción de dicho déficit sirve como excusa para realizar todos los recortes “necesarios”, socializando las supuestas pérdidas de las empresas eléctricas. El paralelismo sería: el sistema se encuentra ante un “imprevisto”[3] que lo hace tambalearse y, en vez de asumir responsabilidades, transfiere la carga a la ciudadanía para mantener el nivel de influencia, beneficios y poder que sus actores fundamentales imponen. Además de los citados recortes a las energías renovables, se incrementa el término fijo de la factura de la electricidad y se reduce el de consumo bimensual (desincentivando así las medidas de ahorro y eficiencia de la ciudadanía) y se impide a la ciudadanía la posibilidad de autoconsumir la energía procedente de sus paneles solares fotovoltaicos[4].

Bajo el sistema actual de conformación de los precios de la electricidad, de opacidad en los costes reales de generación, y de dudosa competencia en el libre mercado (en el mejor de los casos), las grandes empresas eléctricas (las representadas por UNESA y que conforman un verdadero oligopolio) se encuentran ante dos problemas, principalmente, para mantener sus beneficios en la línea que lo han hecho hasta el momento.

Por una parte, la creciente participación para cubrir la demanda de las tecnologías renovables  provoca la bajada de la retribución que reciben en el mercado. Y por otra parte, la reducción de la demanda de electricidad por parte de los consumidores, que está muy relacionada con la crisis económica y la ausencia de crecimiento de los últimos años. El primer obstáculo (las energías renovables) se ha ido eliminando progresivamente con la legislación de los últimos años (incluso contraviniendo la normativa europea, y principalmente la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables). Desde el RDL 14/2010 que discrimina a la fotovoltaica limitando su funcionamiento, hasta la moratoria renovable del RDL 1/2012, pasando por el impuesto discriminatorio del 7% de la Ley 15/2012, o la reducción de las primas renovables del RD 1565/2010. Analizada la evolución legislativa en perspectiva, esta reforma no deja de ser el golpe de gracia de todo un proceso planificado por las empresas eléctricas (UNESA) y ejecutado por los gobiernos de los últimos años (PSOE y PP).

Hay que recalcar que su segundo problema, la reducción de la demanda eléctrica, al depender del crecimiento económico en gran parte, no parece que pueda solventarse tan fácil y rápidamente como la eliminación de las energías renovables. Ante dicha sospecha[5] aparece el verdadero desencadenante de la reforma: el miedo. El miedo de las grandes empresas del sector a perder beneficios, después de unos años en los que la demanda no crece al ritmo que necesitan para amortizar las inversiones en centrales de gas en ciclo combinado que realizaron entre 2004 y 2007[6] y que les estropea sus resultados económicos. Un miedo que parece ya insertado en el ADN de las empresas eléctricas hegemónicas, en todos los países donde las reglas del juego son similares. La no existencia de una garantía sobre el nivel de ingresos (que dependen del nivel de la demanda y de la retribución por cada kWh vendido), les genera una incertidumbre complicada de manejar. Como explica el profesor de política energética Stephen Thomas:

“Una empresa que desee financiar la construcción de una nueva central eléctrica que cueste quizás mil millones de libras, tendría que ir a los bancos a pedir un crédito. Sin embargo, no sería capaz de asegurar a los bancos la cantidad de energía que podría vender ni saber el precio al que vendería esta energía”[7].

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Es ese tipo de miedo el que ya empujó a UNESA a presionar para que se crearan los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), los pagos por capacidad, o la negativa a una auditoría de costes reales de generación, el que ahora se multiplica. Han sonado sus alarmas porque se dan cuenta de que el margen de ganancias se les acaba en un escenario de sobre-oferta de generación de electricidad y de no crecimiento del consumo. Un escenario del que no se vislumbra final. El diseño y el funcionamiento del sistema eléctrico hasta la fecha no estaba generando suficientes ingresos para que les salieran las cuentas. Es el miedo al callejón sin salida. No hay margen con las reglas actuales[8].

El  callejón sin salida es que, con el modelo de funcionamiento del mercado eléctrico hasta la fecha, mientras que no haya incremento de la demanda, la supervivencia de las grandes empresas eléctricas está en riesgo. Y el incremento de la demanda eléctrica parece bastante complicado si no hay crecimiento económico. Lo que a su vez resulta verdaderamente difícil con el precio del crudo por encima de los 100$/barril[9], una dependencia energética por encima del 80%, una participación del apartado energético en el déficit comercial de más del 85% (2011), y con unas importaciones energéticas del 4,7% del PIB[10].


[1] Ladislao Martínez López, ¿Se ha resuelto ahora el problema del déficit tarifario?, 21 julio 2013.

[2] http://www.suelosolar.com/tv/videos.asp?ver=http://www.youtube.com/embed/3tZMh992Mp4

[3] En los términos de los economistas ortodoxos se denominaría funcionamiento del libre mercado capitalista.

[4] El borrador de RD sobre autoconsumo lo impide de facto imponiendo el pago de unos peajes (llamados de respaldo) abusivos y tipificando su incumplimiento como falta muy grave (con multas de hasta 30 millones de euros).

[5] Bien fundamentada, como se explica más adelante.

[6] Sobrecapacidad de generación (potencia instalada), como se puede ver en el gráfico.

[7] Stephen Thomas, The Future of Energy: Are Competitive Markets and Nuclear Power the Answer? University of Greenwich, 4 February 2010, http://www.psiru.org/reports/2010-02-E-future.pdf

[8] Llama la atención que ni siquiera se permita a la ciudadanía la posibilidad de ahorrar dinero realizando autoconsumo. La Plataforma para el Impulso de la Generación Distribuida y el Autoconsumo Energético afirmaba en junio de 2013 que “la incidencia del autoconsumo con balance neto sobre el sistema eléctrico sería mínima: tras cinco años de implantación, no se alcanzaría a cubrir el 1% de la demanda eléctrica del país.”

[9] http://www.preciopetroleo.net/

[10] Bruno Estrada, Dependencia energética e intereses cruzados de la política y el capital, http://www.eldiario.es/zonacritica/Dependencia-energetica-intereses-cruzados-politica_6_96650349.html